FALTAN8 días

FALTAN8 días

Historia


Historia


En 1834 fueron sancionados los primeros códigos de la República, entre ellos el Código Mercantil. Allí se especificaba que las condiciones para que una persona pueda llamarse legalmente comerciante eran: 1) que se inscriba en la Matrícula de Comerciantes, 2) que emplee su capital en negocios o actos de comercio y 3) que se ocupe habitualmente de ellos con el ánimo de lucrar.

En la Matrícula tenía cabida todo boliviano, “excepto los funcionarios públicos en el lugar que ejerzan el cargo, los eclesiásticos, los militares en servicio, los infames declarados, los menores de edad y los quebrados mientras no obtengan rehabilitación”. 

Se estableció un libro de Matrícula General en cada capital de departamento y otro particular en las provincias y podían registrarse sólo “… los comerciantes que tengan en giro o lo destinen para emprenderlo, el capital de cuatro mil pesos para arriba”. Quien pretenda comerciar en la capital de algún departamento, debía  “presentarse ante el Intendente de Policía por escrito, indicando su nombre, domicilio y estado de ánimo de emprender el giro, el capital que le dedica y si pretende comerciar por mayor o menor” . El registro estaba abierto a quien quisiera escudriñarlo. 

Al llegar el siglo XX, la Matrícula de Comerciantes a cargo de los intendentes, resultaba incompatible con la realidad del comercio. La emergencia de la Primera Guerra Mundial desorganizó la normativa de los países periféricos como Bolivia, tanto en sus requerimientos de mercaderías como en la oferta de materias primas, siendo necesario identificar a los productores y rescatadores de goma, oro y minerales, mediante un Registro de Comercio actualizado y moderno. 

Al respecto el Parlamento solicitó un proyecto a la Cámara de Comercio, facultándola para inspeccionar el estado financiero de los comerciantes en un registro global de agentes económicos, en calidad de órgano de defensa económica y factor de cooperación a los fines del Estado.  El propósito no llegó a concretarse.

En 1927, se encaró un nuevo Padrón Comercial, estableciéndose la Oficina de Informaciones de la Cámara de Comercio, inicialmente en La Paz. Sin más recursos que libros, tinta, plumas y buena voluntad, un empleado “serio, honorable y discreto” abría libros para registrar a los comerciantes, socios o no de esa Cámara, comercien por mayor o menor, sean importadores o revendedores. En la foja correspondiente, se anotaba la razón social, los componentes nominales, el género del negocio, puntos salientes de la escritura social, capital de giro, síntesis del último balance, mencionándose sus bienes raíces, créditos obtenidos, letras que se le protestasen, obligaciones vencidas y cuanto dato sea menester registrar y que harían fe para establecer la situación de un comerciante ante operaciones que desee emprender.

El 28 de abril de 1937, mediante Decreto-Ley se instituyó el Registro Mercantil que agremiaba  forzosamente a los comerciantes. La Cámara de Comercio recibió la responsabilidad de su manejo y encomendó al Dr. Enrique García la misión de organizar los Registros Mercantiles en el interior de la República. El Registro Central en La Paz quedó a cargo del Dr. Federico Gutiérrez Granier. 

En mayo de 1948 se aprobó un proyecto de Estatuto y Registro Oficial de Importadores previa calificación por una comisión integrada por el Superintendente de Bancos, el Administrador de Impuestos Internos y las Cámaras de Comercio. 

En 1977 se promulgó un nuevo Código de Comercio, remozando el instituido por el Mariscal Andrés de Santa Cruz, 143 años antes. El Registro de Comercio, que durante cuatro décadas estuvo a cargo de las Cámaras de Comercio, pasó a depender del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, implicando la reinscripción de las empresas existentes y una readecuación a las nuevas disposiciones. 

En 1979 se creó, mediante Decreto Ley, el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA). Pasados varios años, el RECSA aún intentaba cumplir sus funciones sin éxito, dada la compleja tramitación implícita en su reglamento. 

Luego de la crisis por la hiperinflación, en la que el Registro de Comercio perdió relevancia, el Estado estableció el Registro Único de Contribuyentes (RUC), paso importante para la identificación, así sea parcial, de quienes se dedicaban a la actividad mercantil aunque con objetivos netamente impositivos. Se buscaba la incorporación de la informalidad al ordenamiento jurídico, de forma gradual y sostenida, pero ello pasaba por la modificación del Registro de Comercio.  

En la vía de reformular las normas registrales, las instituciones del comercio propusieron la descentralización regional, la coordinación con las Cámaras Departamentales, la simplificación de los trámites, la estrecha coordinación de labores con la Renta Interna, Aduanas y otros registros especializados y una amplia y sistemática difusión sobre la importancia del Registro.

Entre 1991 y 1995 se realizaron gestiones ante el Gobierno Nacional en pos de reformar el RECSA. Por efecto de la Ley de Descentralización, el Registro de Comercio pasó a depender de las Prefecturas de Departamentos, medida que no llegó a concretarse porque las prefecturas no disponían de infraestructura para hacerse cargo de esa tarea. 

Al concluir el siglo XX, el país ingresó en una crisis económica generada en el exterior, con efectos en el sector financiero. En el intento de enfrentarla, el Gobierno promulgó la Ley 2064 de Reactivación Económica del año 2000, determinando que uno de los mecanismos institucionales estratégicos, el Registro de Comercio, sea modernizado para estimular el registro de los empresarios sin mayores burocracias y con alcance nacional. 

Mediante Acta de Fundación de fecha 10 de octubre de 2001 y reconocida mediante Resolución Prefectural N° 541 de 8 de noviembre de 2001, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, crearon la Fundación para el Desarrollo Empresarial - FUNDEMPRESA, una entidad privada sin fines de lucro, especializada en la administración transparente, eficiente y oportuna de registros públicos vinculados a la actividad comercial del país y de información empresarial. Al concretarse el traspaso del servicio, se establece una alianza público – privada con responsabilidades compartidas. El rol que se fijó desde sus inicios fue no sólo administrar el Registro de Comercio como un lugar donde se presenten papeles y se los registre, sino con la misión de contribuir al desarrollo empresarial del país. 

En el siglo pasado el Registro estaba centralizado en La Paz y las empresas del interior debían trasladarse a la sede del gobierno o designar corresponsales para mantener en actualidad su documentación legal. Ahora el registro posee cobertura nacional descentralizada, procesos simplificados, donde se han delegado funciones, cambiando los obsoletos memoriales por declaraciones juradas, permitiendo el oxígeno suficiente para que el servicio sea más eficiente. 

FUNDEMPRESA fue adquiriendo infraestructura propia en las capitales de los nueve departamentos y ciudades intermedias. Se ha constituido en referente de transparencia y eficiencia en el propósito de brindar seguridad jurídica a todas las actividades empresariales. Otorga el certificado de nacimiento, existencia y defunción a las empresas, de la manera en que lo hace el Registro Civil en el caso de las personas. Una empresa que no está inscrita puede “vivir” pero “no existe”. El registro certifica su existencia y la habilita para realizar actividades comerciales, acceder a créditos, participar en licitaciones, exportar, etc.

Como efecto de la nueva Constitución Política del Estado, el Registro de Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia adecua sus estructuras y procedimientos, para acoger las cuatro formas de actividad económica --Estatal, Comunitaria, Privada y Social Cooperativa--, apoyándolas para cumplir su rol de agentes del desarrollo socioeconómico sobre principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia, garantizando el respeto de usos y costumbres en armonía con las disposiciones comerciales nacionales. FUNDEMPRESA busca atraer a los agentes económicos, del sector informal, demostrándoles que “la formalidad es una ventaja competitiva”.

Atravesando las diversas etapas de la formación histórica de Bolivia, el país cuenta hoy con el Registro de Comercio, un servicio del Estado Plurinacional, adecuando sus disposiciones al marco constitucional vigente; incluyendo y otorgando igualdad de condiciones a todos los agentes económicos que conforman la economía plural, para Vivir Bien.

ISO 9001 : 2008 Línea gratuita 800 10 7990